DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

15.07.2024

Defensa frente al poder de la Administración


En el ámbito jurídico, los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social constituyen una preocupación constante para los contribuyentes y sus defensores. La complejidad de estos casos no solo radica en la tipificación de los delitos, sino también en las implicaciones que tienen las actuaciones de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, organismos dotados de amplios poderes coercitivos y sancionadores.  


📜 La realidad social vs los informes administrativos


Una de las principales tareas de los abogados defensores en estos casos es contrarrestar los informes emitidos por la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Estos informes suelen ser fundamentales en la fase de instrucción del procedimiento penal, pero frecuentemente presentan deficiencias técnicas y, lo que es más preocupante, no reflejan adecuadamente la realidad social y económica del contribuyente implicado. La falta de comprensión de la situación real del contribuyente por parte de estos organismos puede llevar a liquidaciones y sanciones injustas e incluso desproporcionadas.  


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En Castillo y Martín Abogados, contamos con un equipo de abogados especializados en delitos fiscales y contra la Seguridad Social. Enfrentar acusaciones por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social requiere una defensa legal sólida y experta. Estos casos son complejos y pueden tener consecuencias graves tanto económicas como penales.

Por ello, es crucial contar con el mejor abogado especializado en este ámbito, quien puede ofrecer una estrategia de defensa adecuada, interpretar correctamente las leyes fiscales y sociales, y preparar una defensa adecuada o, cuando sea recomendable, negociar con las autoridades para alcanzar la mejor resolución posible. Lo más importante es preparar una correcta instrucción de estos procedimientos para tener mayores posibilidades de éxito. Un abogado competente no solo protege los derechos del acusado, sino que también minimiza los impactos negativos que estos procesos pueden tener en su vida personal y profesional. 

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Poder coercitivo y finalidad recaudatoria


Los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social tienen como finalidad primordial la recaudación de dinero para el Estado. Las penas de prisión se utilizan como un método coercitivo para disuadir y castigar a aquellos que incumplen sus obligaciones tributarias. Sin embargo, este enfoque punitivo también puede llevar a situaciones en las que se emplea el poder administrativo de forma desproporcionada.

Una de las mayores preocupaciones es el poder absoluto conferido a la Administración tributaria y de la Seguridad Social. Estos organismos tienen la capacidad de iniciar procedimientos de liquidación y sanción que pueden implicar el embargo de todo el patrimonio del contribuyente antes incluso de que se resuelva el procedimiento penal. Esta situación genera una enorme disparidad, ya que la Administración puede actuar de manera unilateral y coercitiva, sin necesidad de una resolución judicial previa que avale sus actuaciones. 


Derivación de responsabilidad y potestad jurisdiccional penal


El artículo 258 de la Ley General Tributaria de España es un claro ejemplo de este poder administrativo amplio. Este artículo permite la derivación de responsabilidad a terceros por deudas tributarias, sin que necesariamente exista una condena penal previa que lo justifique. Esto supone una intromisión directa en la esfera penal, donde tradicionalmente solo el poder judicial tiene competencia, lo que suele aumentar la dificultad de estos asuntos.

  

Conclusión


La defensa en casos de delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social enfrenta desafíos significativos debido al poder coercitivo y casi absoluto conferido legalmente a la Administración. Es fundamental para los abogados defensores destacar las deficiencias técnicas y las posibles interpretaciones erróneas de la realidad social por parte de los organismos administrativos. La protección de los derechos fundamentales del contribuyente y la necesidad de un equilibrio justo entre la recaudación fiscal y la defensa de los derechos individuales son temas centrales en estos casos complejos y controversiales del ámbito jurídico español.  


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Diego Castillo Barroso / Alejandro A. Martín Barrera